La simplificación administrativa se ha convertido en uno de los grandes retos de las administraciones públicas europeas. La propia Comisión Europea, en su iniciativa titulada Una Brújula para la Competitividad de la UE, insiste en la necesidad de “simplificar el entorno regulatorio, reduciendo cargas y favoreciendo la rapidez y la flexibilidad”. En este contexto, la acreditación es una herramienta cada vez más utilizada por las administraciones europeas, nacionales, regionales y locales de todo el mundo para avanzar hacia regulaciones más simples sin comprometer la seguridad jurídica ni la confianza pública.

Con este propósito, ENAC ha publicado un nuevo documento que ofrece a las diferentes administraciones públicas una visión clara y práctica de cómo la acreditación puede apoyar los procesos de simplificación administrativa.

Evaluadores de la conformidad, una pieza clave para regular con eficacia

El texto destaca que numerosos desarrollos reglamentarios se apoyan en la actuación de los organismos evaluadores de la conformidad (OEC), como laboratorios, entidades de inspección u organismos de certificación, cuyo papel es fundamental para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en ámbitos tan diversos como la seguridad industrial, la calidad del agua, la ciberseguridad, la eficiencia energética, la protección medioambiental o la calidad alimentaria. Garantizar la competencia técnica y el rigor de estos organismos resulta clave para la eficacia de cualquier regulación.

No obstante, regular la actividad de los OEC y supervisar su desempeño supone un reto para las Administraciones, ya que requiere conocimientos técnicos especializados y recursos que no siempre están disponibles. En este escenario, la acreditación aporta una solución eficaz y ampliamente reconocida.

La acreditación: confianza basada en la competencia técnica

La acreditación, recogida en el Reglamento (CE) nº 765/2008, es el mecanismo internacionalmente reconocido para demostrar la competencia técnica de los OEC. ENAC, como organismo nacional de acreditación en España, actúa con independencia, sin ánimo de lucro y bajo supervisión internacional, evaluando periódicamente a los organismos acreditados mediante un equipo auditor y expertos altamente cualificados.

Este modelo aporta respuestas a la eficacia de las disposiciones reglamentarias:

• Favoreciendo una supervisión fiable, ya que ENAC realiza evaluaciones rigurosas y periódicas, lo que libera a la Administración de asumir esta tarea directamente
• Reduciendo la necesidad de regular, ya que los requisitos ya están recogidos en normas internacionales, evitando la creación de nueva regulación técnica innecesaria.

El resultado es un mecanismo que proporciona seguridad jurídica, transparencia y una reducción significativa de costes y tiempos, tanto para la Administración como para las empresas.

Puente entre la regulación y el mercado

La acreditación tiene una ventaja diferencial y es que opera tanto en el ámbito reglamentario como en el voluntario. Esto genera enormes sinergias, pues un organismo acreditado puede demostrar su competencia ante múltiples administraciones y sectores sin duplicar evaluaciones.

Además, gracias al principio de reconocimiento mutuo en la Unión Europea, las acreditaciones concedidas por cualquier organismo nacional de acreditación europeo se aceptan como equivalentes. Esto facilita un mercado único más fluido, coherente y competitivo, reduciendo trabas innecesarias y favoreciendo la confianza entre administraciones y empresas.

Cuándo incorporar la acreditación en la regulación

Asimismo, ENAC identifica las principales situaciones en las que la acreditación resulta especialmente útil para la regulación, como la delegación de actividades de control público a organismos externos o la toma de decisiones por parte de la Administración basadas en informes de evaluación emitidos por terceros.

Por último, el nuevo documento incluye, además, ejemplos de esquemas de acreditación desarrollados en colaboración con distintas administraciones, así como referencias a múltiples regulaciones europeas, estatales y autonómicas que incorporan requisitos de acreditación o servicios acreditados en ámbitos tan variados como sostenibilidad, ciberseguridad, cambio climático, eficiencia energética, telecomunicaciones o seguridad industrial.